La oposición mexicana parece tener más claridad sobre los lugares que quiere recuperar que sobre las razones que tendría el ciudadano para devolvérselos.
En las mesas de negociación caben el aliado que exige una candidatura, el dirigente que reclama posiciones y el grupo al que deben pagarle una lealtad. Todos encuentran representación. El ciudadano, en cambio, suele enterarse cuando ya decidieron quién hablará en su nombre.
Después llega la sorpresa: el candidato que dejó satisfechas a las dirigencias no entusiasma al electorado.
Rumbo a 2027, Alejandro Moreno ha informado de conversaciones del PRI con el PAN y partidos locales para construir alianzas. La negociación es legítima. Lo que merece discutirse es su propósito: ¿construir una alternativa de gobierno o asegurar la supervivencia de quienes administran los partidos?
La diferencia se encuentra en las prioridades. Si primero acuerdan quién se queda con cada candidatura y después buscan qué ofrecerle a la gente, la propuesta nace subordinada al reparto.
Una candidatura puede saldar una deuda interna y abrir una deuda de representación. Puede premiar disciplina sin acreditar capacidad; garantizar tranquilidad a un dirigente y provocar rechazo en una comunidad.
Las cuotas políticas comprometen a quienes las negocian. No obligan a quienes votan.
La historia electoral mexicana debería haberles enseñado esa diferencia. En 2000, Vicente Fox ganó con 42.52% de los votos bajo la Alianza por el Cambio. Aquella coalición tuvo un objetivo reconocible: sacar al PRI de la Presidencia y abrir una etapa de alternancia. La alianza era un vehículo para una causa que el elector podía identificar.
Doce años después, Enrique Peña Nieto recuperó la Presidencia para el PRI con 38.21%. Pero en 2018, José Antonio Meade, candidato de la coalición encabezada por ese partido, obtuvo 16.40%. El regreso al poder no había reconstruido una confianza duradera.
El PAN también tiene cuentas pendientes con su propia historia. En 2018, Ricardo Anaya obtuvo 22.27% al frente de una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano. En 2024, la candidatura de Xóchitl Gálvez, respaldada por PAN, PRI y PRD, alcanzó 27.45%.
Son elecciones distintas y esos porcentajes no permiten atribuir las derrotas a una sola causa. Sí permiten descartar una comodidad: juntar estructuras y emblemas no garantiza construir una mayoría.
Los electores no son propiedad transferible de los partidos. Un dirigente puede comprometer una alianza; no puede entregar mediante firma la confianza de millones de personas.
Mientras las cúpulas calculan posiciones, los ciudadanos calculan cuánto les falta para pagar la renta, mantener abierto un negocio o completar los gastos de la semana. Les preocupa regresar seguros a casa. Necesitan respuestas que puedan reconocer en su vida cotidiana.
Ahí aparece el reclamo: no los ven ni los oyen. Los convocan para respaldar decisiones en cuya construcción nunca participaron.
Estados Unidos ofrece una comparación útil, aunque sus reglas electorales sean distintas. En las elecciones intermedias de 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump, los demócratas ganaron 41 escaños y recuperaron la Cámara de Representantes. Una victoria presidencial no había blindado al partido gobernante frente a la siguiente evaluación ciudadana.
Hoy vuelve a aparecer esa tensión. La encuesta Reuters/Ipsos difundida el 5 de octubre de 2026 situó la aprobación de Trump en 32%; entre los estadounidenses hispanos, en 24%. El costo de vida destaca entre las preocupaciones que alimentan el descontento. Las cifras describen una opinión presente, no anticipan por sí mismas el resultado de noviembre.
La advertencia va más allá de Trump: haber contribuido a una victoria no obliga al elector a justificar lo que venga después.
El presidente y su gabinete pueden cerrar filas, defender sus decisiones y celebrar su cohesión. Afuera, la evaluación ocurre con otros criterios: precios, empleo, atención médica y seguridad. La lealtad del equipo hacia su jefe tiene poco valor para una familia si no se traduce en capacidad para resolver.
Pero tampoco existe una transferencia automática del desencanto. Associated Press ha recogido testimonios de votantes latinos que se alejan de los republicanos sin abrazar plenamente a los demócratas.
Esa es la parte que la oposición mexicana necesita escuchar: el desgaste del adversario abre una oportunidad, pero no sustituye el mérito propio. El ciudadano puede estar inconforme y seguir sin encontrar una alternativa confiable.
Colombia aporta otra pieza al análisis: la importancia política de mostrar que se entiende el hartazgo. El 16 de octubre, en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella encaró a un detenido identificado como alias “Keko”, señalado como presunto cabecilla criminal, durante la Operación Blindaje 360. En el intercambio difundido en video, le recriminó las amenazas y los delitos que le atribuyen las autoridades.
La escena tiene una lectura política: comunica confrontación con quienes intimidan a la población. Para una víctima de extorsión, ver a la autoridad actuar puede resultar más significativo que escuchar otro discurso sobre estrategias de seguridad.
Eso ayuda a entender el atractivo de la firmeza. No demuestra, sin embargo, que una política de seguridad funcione. Un detenido enfrentado ante una cámara sigue siendo un detenido cuya responsabilidad debe probarse; el éxito se mide en investigaciones, sentencias, protección a las víctimas y reducción del delito.
La oposición tendría que comprender ambas cosas: la gente necesita sentirse escuchada y necesita resultados. Una propuesta incapaz de expresar su enojo difícilmente conectará; una que solamente lo explote terminará defraudándola.
La oposición no necesita otra mesa donde todos tengan silla. Necesita una propuesta capaz de hacer que el ciudadano quiera acercarse, participar y votar. Y esa propuesta no puede redactarse en secreto ni presentarse después como un hecho consumado.
Rumbo a 2027, el PRI, el PAN y sus posibles aliados deben asumir una exigencia concreta: publicar, antes de repartir candidaturas, un acuerdo ciudadano con prioridades, metas, presupuesto, responsables y plazos. También deben explicar, mediante reglas verificables, cómo elegirán a sus candidatos y qué mecanismos aplicarán para removerlos o sancionarlos si incumplen.
Si no pueden transparentar primero quién decide, qué propone y cómo rendirá cuentas, no tendrán autoridad para pedir confianza. Una alianza que empieza protegiendo a sus dirigentes terminará pidiéndole al elector que proteja sus privilegios.
En ese contexto, 2027 puede convertirse en un laboratorio rumbo a 2030: una oportunidad para probar propuestas, formar liderazgos y demostrar capacidad de gobierno. Pero necesita criterios para evaluar el experimento. Ganar posiciones no bastará; habrá que revisar si recuperaron confianza, atrajeron nuevos votantes y cumplieron donde obtuvieron responsabilidades.
También puede quedarse en otro dibujo de la oposición: un mapa coloreado en las oficinas partidistas, con candidaturas distribuidas y victorias proyectadas, pero sin conexión con lo que ocurre en la calle. Si interpretan cada cargo obtenido como una recuperación definitiva y cada derrota como culpa exclusiva del adversario, llegarán a 2030 con los mismos errores y tres años menos para corregirlos.
La pregunta decisiva no será cuántos partidos aparecen juntos en la boleta, sino cuántos ciudadanos encuentran en ellos una razón para volver a votar. En 2027, la oposición no podrá presentarse como la opción menos mala: tendrá que demostrar que es una opción confiable.
Porque las alianzas sólo sirven cuando generan confianza. Las cuotas políticas se pagan entre dirigentes; los votos se ganan cuando la gente encuentra una razón para creer.
Y si 2027 será el laboratorio de 2030, queda una pregunta: ¿quién podrá enfrentar y ponerle cara a Omar García Harfuch si termina convirtiéndose en el candidato presidencial de Morena?
Yo pondría atención en Luis Donaldo Colosio Riojas, aunque habrá que ver qué decide él: si busca construir una opción presidencial, con qué proyecto y acompañado de quiénes. Una cosa es que su nombre aparezca en la conversación y otra que esté dispuesto a encabezar ese desafío.
Tendría que convertir las expectativas que despierta su apellido en liderazgo propio y ganarse la confianza de quienes necesitan respuestas sobre seguridad, economía y futuro. Ninguna candidatura competitiva se construye solamente con reconocimiento de nombre.
Fuera de Colosio, hoy me cuesta identificar entre los nombres de la oposición a alguien con posibilidades claras de articular ese reto. Esa es, a mi juicio, la dimensión de su vacío: que un eventual rival de peso para Harfuch pudiera terminar surgiendo del propio Morena, de sus diferencias y de una posible ruptura, antes que de una alternativa construida por sus adversarios.
Sería revelador que la oposición, después de tantos años buscando recuperar el poder, acabara esperando a que el partido gobernante le produjera también al candidato.
¿Decidirá Colosio dar ese paso? ¿Surgirá otro liderazgo o tendrán que esperar una fractura de Morena? ¿Será 2027 el laboratorio de una alternativa para 2030 o solamente otro dibujo de las dirigencias, con las candidaturas repartidas y el ciudadano otra vez afuera?
Y en ese camino también estará la elección de la Ciudad de México, con sus propios aspirantes, disputas y cuentas pendientes. Pero esa… esa es otra historia.
Al tiempo… pero a mí nadie me preguntó.
