El sábado, las familias de Ayotzinapa marcharon al Zócalo para exigir respuestas a doce años de la desaparición de sus hijos. El gobierno de la Ciudad de México calculó cinco mil asistentes. Ayer, la misma autoridad reportó más de 200 mil personas en el acto con el que Claudia Sheinbaum cerró su gira de rendición de cuentas.
Una cifra no vuelve más importante a una causa. Pero el contraste obliga a preguntar: ¿qué le urge más al gobierno, llenar una plaza o esclarecer Ayotzinapa?
El 27 de enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Karam presentó la llamada verdad histórica: sostuvo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Investigadores independientes cuestionaron esa explicación.
Años después, el gobierno de López Obrador afirmó que aquella versión se había construido para encubrir los hechos. Murillo Karam fue detenido en 2022 y continúa sujeto a procesos penales, con medidas cautelares fuera de prisión. En abril circuló la noticia de su muerte; su familia y su abogado la desmintieron.
La certeza que proclamó hace once años se derrumbó, pero todavía no tenemos una explicación completa y probada que ocupe su lugar.
Jóvenes, estudiantes y familiares protestaron a 12 años de la desaparición de estudiantesCuartoscuro
Presos, absueltos y el caso sin resolver
La investigación también ha alcanzado a funcionarios de distintos gobiernos. José Luis Abarca, alcalde de Iguala por el PRD en 2014, fue detenido y sigue preso por otros delitos, aunque fue absuelto en una causa relacionada con los normalistas. Ángel Aguirre, entonces gobernador de Guerrero y también electo bajo las siglas del PRD, fue detenido este agosto por una acusación de presunto ocultamiento de evidencia, que él niega.
Sus casos deben resolverse con pruebas y respeto al debido proceso. Su origen político sí impide contar Ayotzinapa como si los abusos del poder hubieran pertenecido a un solo partido.
López Obrador llegó al gobierno con la promesa de esclarecer el caso. El 3 de diciembre de 2018 firmó el decreto para crear una comisión de la verdad y ofreció que no habría obstáculos para investigar.
Hubo detenciones y se identificaron restos de tres estudiantes. Son avances que deben reconocerse, pero no equivalen a la resolución prometida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la falta de entrega de información por parte de la Secretaría de la Defensa había frenado las pesquisas. Las familias siguen reclamando documentos de inteligencia militar y el regreso de los expertos independientes.
El Ejército ocupa hoy un lugar central en el proyecto de los gobiernos de Morena. Además de sus tareas de seguridad, la Secretaría de la Defensa administra el Tren Maya y empresas vinculadas con aeropuertos, ferrocarriles y servicios turísticos.
Al mismo tiempo, las familias de Ayotzinapa reclaman documentos militares que consideran necesarios para saber qué ocurrió con sus hijos.
La pregunta política es inevitable: ¿está dispuesto el gobierno a exigirle toda la información a una institución a la que ha confiado proyectos tan importantes?
Investigar el posible papel de militares no equivale a darlo por probado. Negarse a abrir los archivos tampoco ayuda a descartarlo.
Nuevo informe de Ayotzinapa
Hoy está anunciado un nuevo informe sobre Ayotzinapa. Habrá que examinar qué pruebas presenta y qué preguntas deja abiertas.
Ayer, en cambio, Sheinbaum elogió a López Obrador ante el Zócalo lleno sin mencionar el caso en su discurso. Un día después de la marcha de las familias, esa ausencia pesa.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México en el Zócalo CDMXCuartoscuro
No hay pruebas para afirmar que el acto presidencial se organizó con el propósito de desplazar a Ayotzinapa de los medios. Pero la secuencia tiene un efecto previsible: las imágenes de una multitud, la cifra de asistentes y el mensaje de la presidenta compiten hoy por los titulares con una exigencia de justicia.
El gobierno consiguió llenar el Zócalo en domingo. La pregunta es si el lunes conseguirá ofrecer algo más importante que una fotografía.
¿Le conviene al poder esclarecer Ayotzinapa u olvidarlo? Nadie fuera del gobierno conoce su cálculo.
Lo que sí sabemos es que llegar a la verdad puede exigir revisar las actuaciones de instituciones que hoy son pilares de su administración. Ahí se mide una promesa: cuando cumplirla incomoda a quienes la hicieron.
Antes de que el número 43 vuelva a perderse entre titulares, nombremos a los estudiantes:
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Penitén, Adán Abraján de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomás Colón Gárnica, Cutberto Ortiz Ramos, Doriam González Parral, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosa, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo y Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa.
Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Julio César López Potoltzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemany Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez y Saúl Bruno García.
De tres de ellos se han identificado restos; el caso completo sigue sin esclarecerse.
La plaza puede llenarse en una mañana. La obligación de responderles a estas familias no termina cuando se desmonta el templete.
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