Estoy de acuerdo en algo: los periodistas no deben mentir.
Tampoco deben disfrazar publicidad como información, presentar rumores como hechos o utilizar un noticiario para defender intereses particulares sin decirlo. Las audiencias tienen derecho a saber cuándo están recibiendo una noticia, una opinión o un mensaje pagado.
Hasta ahí, perfecto.
El problema comienza cuando preguntamos quién decidirá qué es verdad y, sobre todo, quién vigilará a quien tenga ese poder.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta unos nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La propuesta obliga a televisoras abiertas, estaciones de radio, sistemas de televisión y audio de paga, así como a programadoras. No incluye de manera general a las plataformas digitales.
Entre otras cosas, establece que las audiencias tienen derecho a recibir información “veraz, plural y oportuna”; obliga a distinguir la información noticiosa de la opinión y exige identificar publicidad, patrocinios, contenidos de marca y emplazamientos de productos. También obliga a los medios a contar con códigos de ética y defensores de las audiencias.
En principio suena razonable.
Pero el artículo 53 permite a la Comisión realizar monitoreos, requerimientos y “cualquier otra actuación que sea necesaria” para supervisar su cumplimiento. El artículo 54 contempla multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables del concesionario o programador.
Aclaremos algo importante: el proyecto no dice que la Comisión pueda suspender directamente a un periodista o cancelar un programa por mentir. Tampoco establece que una queja conduzca automáticamente a la revocación de una concesión.
Lo que sí permite es que el defensor recomiende rectificar o modificar contenidos y que, si el concesionario no cumple una resolución de la Comisión, comience un procedimiento sancionador.
La diferencia importa. No hay que combatir una posible regulación de la mentira mintiendo sobre la regulación.
Pero, aun con esa precisión, la pregunta sigue viva:
¿Quién decidirá cuándo una información es veraz?
El artículo 6 de los propios lineamientos establece que su interpretación administrativa corresponderá al Pleno de la Comisión. Y la Comisión, aunque la ley le concede independencia técnica y operativa, es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es decir, forma parte de la estructura del Ejecutivo.
Entonces el Gobierno puede ser fuente de información, parte señalada, denunciante indirecto y, finalmente, superior administrativo de la institución que interpreta las reglas.
Eso no demuestra que necesariamente vaya a existir censura, pero sí crea un conflicto que no podemos fingir que no existe.
El defensor defendido por sus patrones
La ley establece que cada concesionario de radiodifusión designará a su defensor de las audiencias por tres años, prorrogables hasta en dos ocasiones.
Los nuevos lineamientos señalan que no debe haber trabajado para el concesionario durante los dos años anteriores y establecen impedimentos familiares, accionariales y de representación legal.
Todo eso ayuda, pero no resuelve lo elemental:
¿Quién lo elige y quién le paga?
El propio concesionario.
¿Cómo puede ser completamente independiente alguien nombrado y remunerado por el medio al que debe vigilar? Puede tratarse de una persona honorable y profesional, pero su diseño institucional nace condicionado.
En los medios públicos el riesgo es todavía mayor: el concesionario está dirigido por funcionarios nombrados desde el poder político.
No hablo solamente desde la teoría.
Durante cinco años encabecé la producción de Largo Aliento, el programa conducido por Sabina Berman para Canal Once y Canal Catorce.
Sabina decidió entrevistar a Eduardo Verástegui, un personaje abiertamente contrario a la llamada Cuarta Transformación. La conversación se grabó en la Biblioteca Rosario Castellanos.
Por momentos, Verástegui me pareció congruente e inteligente. Después regresó a opiniones que, desde mi perspectiva, son profundamente retrógradas y que lo retratan de cuerpo entero.
Pero aquí no estoy defendiendo a Verástegui. Estoy defendiendo algo mucho más importante: el derecho de Sabina a entrevistarlo y el derecho de las audiencias a escucharlo, cuestionarlo y llegar a sus propias conclusiones.
El programa fue cancelado antes de concluir su proceso de edición. De acuerdo con lo que viví como responsable de la producción, fuera del equipo nadie había visto una versión final porque todavía no existía un programa terminado y listo para salir al aire.
A nosotros se nos habló de denuncias ante las defensorías.
Mi pregunta fue y sigue siendo muy sencilla:
¿Quién pudo denunciar un programa que no había sido transmitido y cuya versión final todavía no existía?
Posteriormente, las defensorías de Canal Once y Canal Catorce afirmaron públicamente que habían realizado un “análisis de contenido” y concluyeron que la entrevista vulneraba derechos de las audiencias y promovía ideas contrarias a los derechos de las mujeres y otros grupos vulnerables.
Eso abre nuevas preguntas: ¿qué versión analizaron?, ¿quién se las entregó?, ¿se revisó el contexto completo?, ¿se escucharon las preguntas y refutaciones de Sabina?, ¿una entrevista promueve necesariamente las ideas del entrevistado o precisamente sirve para confrontarlas?
Esas preguntas nunca pudieron responderse por una razón elemental: al momento de la cancelación, el programa no había sido entregado a ninguno de los canales y, según lo que vivimos dentro de la producción, nadie fuera del equipo había visto una versión completa y terminada.
Entonces surge otra pregunta todavía más delicada:
¿Cómo pudieron las defensorías determinar que un contenido violaba los derechos de las audiencias si no habían visto el programa final?
Por lo que vivimos dentro de la producción, la decisión provino de Jenaro Villamil, entonces titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y las defensorías sirvieron para justificarla posteriormente.
Jenaro Villamil y los entonces defensores de las audiencias tienen, por supuesto, derecho a explicar quién vio el programa, qué versión analizaron y con qué elementos resolvieron cancelarlo.
Pero la historia no terminó con aquella entrevista.
A partir de ese momento comenzaron las presiones sobre Largo Aliento. El presupuesto, que ya era precario, se redujo todavía más y el equipo de producción sufrió cambios sustanciales, bajo la justificación de ajustes presupuestales.
También se impuso una nueva condición: Sabina Berman no podría entrevistar a ninguna persona que no hubiera sido autorizada previamente por los titulares de los canales involucrados.
Aquí ya no estamos hablando solamente de derechos de las audiencias. Estamos hablando de funcionarios que deciden previamente quién puede ser entrevistado, qué voces pueden aparecer y qué conversaciones pueden llegar al público.
Por eso la pregunta no es menor:
Cuando un funcionario determina previamente a quién puede entrevistar una periodista y después reduce el presupuesto de la producción por invitar a una voz incómoda, ¿eso es protección de las audiencias, supervisión editorial o censura?
Porque la censura no siempre llega mediante una orden escrita que diga “queda prohibido”. A veces aparece disfrazada de revisión administrativa, se ejecuta recortando presupuestos, debilitando equipos y obligando a solicitar autorización antes de ejercer el periodismo.
El Mentirómetro político
Ahora volteemos la cámara.
Si vamos a medir la veracidad de periodistas y comunicadores, construyamos también un Mentirómetro político. Pero hagámoslo con seriedad: una mentira deliberada no es lo mismo que una promesa incumplida, un cambio de opinión o una meta que no pudo alcanzarse.
Claudia Sheinbaum y el fracking: contradicción pública.
Durante la campaña de 2024 aseguró que no se permitiría la explotación de hidrocarburos mediante fracking. Ya en el Gobierno abrió la puerta a evaluar métodos de fracturación que considera menos contaminantes. Puede llamarse cambio de posición, pero la contradicción existe y está documentada.
Andrés Manuel López Obrador y el Ejército: promesa incumplida y cambio reconocido.
Prometió regresar gradualmente a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Después amplió su participación en seguridad pública, infraestructura, aduanas, aeropuertos y otras funciones civiles. Él mismo reconoció que había cambiado de opinión.
AMLO y el sistema de salud como Dinamarca: promesa reiteradamente pospuesta.
Prometió en diferentes momentos que México tendría un sistema de salud comparable con el danés. Las fechas fueron cambiando y, al final del sexenio, el Gobierno sostuvo que el objetivo se había alcanzado. Sin embargo, diferentes evaluaciones documentaron desabasto, deficiencias de atención y un aumento de la población sin acceso efectivo a servicios sanitarios. El problema aquí es quién define cuándo una promesa tan ambiciosa puede declararse cumplida.
Enrique Peña Nieto y sus compromisos ante notario: cumplimiento discutido.
Firmó 266 compromisos bajo la frase “Te lo firmo y te lo cumplo”. Al terminar su administración, el Gobierno aseguró haber cumplido 97%; distintas revisiones periodísticas sostuvieron que solamente 132 se habían concluido plenamente. Hasta la palabra “cumplido” puede manipularse dependiendo de quién haga la cuenta.
Vicente Fox y el crecimiento de 7%: promesa incumplida.
Prometió un crecimiento económico anual de 7% y alrededor de un millón de empleos por año. No ocurrió. Existieron factores internacionales y una recesión, pero el resultado quedó muy lejos de lo prometido.
Felipe Calderón y el “presidente del empleo”: meta incumplida.
Hizo del empleo una de sus principales banderas y prometió generar las condiciones para crear cerca de un millón de puestos anuales. Al final de su administración aumentaron el desempleo y la informalidad. Fue una promesa política efectiva para ganar votos, pero no una meta cumplida.
Samuel García y su promesa de no “chapulinear”: contradicción.
Después de ganar la gubernatura de Nuevo León aseguró que no buscaría otro cargo durante su mandato. Dos años después solicitó licencia para competir por la Presidencia. Finalmente regresó al gobierno estatal por el conflicto relacionado con la designación de su sustituto, no porque hubiera mantenido su promesa original.
Éste no es un concurso para saber qué partido miente más. Todos han utilizado promesas imposibles, cifras convenientes y cambios de posición que después presentan como si nada hubiera ocurrido.
Y repito: no todo incumplimiento es una mentira. Pero eso mismo debe aplicarse al periodismo. No todo dato equivocado es desinformación deliberada ni toda opinión incómoda constituye una falsedad.
La mentira requiere intención de engañar. Demostrarla es bastante más complicado que colocar una multa.
La fe de erratas que no existe en la política
Los medios cometen errores. Algunos graves.
En 2026, El Universal publicó una supuesta entrevista antigua a Carlos Monsiváis con afirmaciones sobre López Obrador. Después reconoció que no podía comprobar su autenticidad, retiró el texto y ofreció disculpas a sus lectores y a la familia del escritor.
Reforma ha publicado fes de erratas y ofrecido disculpas por errores en sus portadas. En 2025 también se disculpó con Claudia Sheinbaum por la utilización de imágenes del acoso que sufrió en la vía pública.
Hasta Infodemia, el espacio gubernamental dedicado a señalar supuestas mentiras, tuvo que reconocer su propio error. En abril de 2026 calificó como falso y generado con inteligencia artificial un video grabado en Palacio Nacional. Después, su coordinador Miguel Ángel Elorza admitió que el video era auténtico y ofreció una disculpa pública.
También está el caso de “Frida Sofía” durante el terremoto de 2017. Televisa, Milenio, El Universal, Reforma, Aristegui Noticias y otros medios reprodujeron información sobre una supuesta niña atrapada en el Colegio Rébsamen.
La historia fue alimentada por versiones contradictorias de autoridades y terminó siendo falsa. Algunos medios corrigieron, otros trasladaron la responsabilidad y ninguno pudo reparar completamente el efecto de una historia seguida por millones de personas.
Los medios, por lo menos en teoría, tienen mecanismos para corregirse: fe de erratas, derecho de réplica, códigos de ética, defensores de las audiencias y ahora posibles sanciones.
¿Dónde está la fe de erratas de un presidente?
¿En qué parte de una conferencia matutina aparece, con el mismo tiempo, espacio y difusión, la corrección de una cifra falsa?
¿Qué institución obliga a un candidato a reconocer que su promesa era imposible?
También existen políticos que se han disculpado. Enrique Peña Nieto pidió perdón por el daño causado por el caso de la Casa Blanca, aunque sostuvo que no había violado la ley. Claudia Sheinbaum se disculpó con Guatemala después de que policías mexicanos ingresaron a su territorio durante una persecución y habló de sancionar a los responsables.
Esos casos deben reconocerse. Pedir perdón no es una debilidad.
El problema es que la rectificación política depende casi por completo de la voluntad del mismo político que difundió la falsedad, incumplió la promesa o tomó la decisión equivocada. No existe un procedimiento regular, independiente y proporcional que lo obligue a corregir.
Si un periodista puede enfrentar consecuencias por difundir información falsa, ¿qué sucede cuando quien miente es el presidente, un gobernador, un legislador o un candidato?
Si se puede sancionar a un concesionario, ¿también deberíamos suspender del cargo al político que engaña deliberadamente a la ciudadanía?
¿Por qué mentir desde un micrófono periodístico puede merecer una sanción, pero hacerlo desde una campaña, una tribuna o una conferencia presidencial suele quedar sin consecuencias?
Dos modelos diferentes
Francia cuenta desde 2018 con una ley contra la manipulación informativa. Sus medidas más delicadas se concentran en periodos electorales y contemplan la intervención de un juez.
Suecia tiene un modelo distinto: un sistema voluntario de autorregulación financiado por la industria, pero cuyo ombudsman no es nombrado por un solo medio. Participan organizaciones periodísticas, representantes ciudadanos y figuras externas. Las resoluciones deben publicarse y los medios pueden pagar cuotas administrativas cuando vulneran las reglas éticas.
Ninguno es perfecto. Pero existe una diferencia enorme entre exigir transparencia, establecer responsabilidades y sancionar conductas concretas, y permitir que el Gobierno determine qué versión de la realidad merece ser escuchada.
Los periodistas deben responder por lo que publican. Pero los políticos deberían responder todavía más: administran dinero público, controlan instituciones, elaboran leyes y toman decisiones que afectan a millones.
Si un periodista miente, puede perder credibilidad, trabajo y ahora hasta provocar una sanción para su medio.
Si un político miente para conseguir votos, ¿quién lo verifica?, ¿quién lo obliga a rectificar?, ¿quién lo sanciona?, ¿lo suspendemos también del cargo?
Proteger a las audiencias es indispensable. Pero entregar al poder la facultad de decidir qué es verdad puede terminar protegiendo al Gobierno de las propias audiencias.
Pero bueno… nadie me preguntó.
