La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para establecer en la Constitución local que el aumento de la renta no podrá superar la inflación anual. Con esta propuesta, se pretende frenar el encarecimiento de la vivienda y ofrecer mayor certeza tanto a arrendadores como a arrendatarios.
La mandataria explicó que este mecanismo busca regular los contratos de arrendamiento habitacional para que los incrementos se mantengan dentro de parámetros justos. De acuerdo con datos del INEGI, la inflación anual de 2025 fue de 3.69 por ciento, lo que serviría como referencia para limitar aumentos en 2026.
Reforma constitucional: límite a la renta y nuevos derechos de vivienda
La iniciativa propone modificar el artículo 9° de la Constitución de la CDMX para establecer que la renta de vivienda no podrá incrementarse por encima de la inflación reportada el año previo. Además, plantea la creación de una institución pública encargada de garantizar relaciones inquilinarias justas, equilibradas y con certeza jurídica.
Este proyecto también contempla una política integral de vivienda que obligue al gobierno a incrementar la oferta de vivienda social y asequible, así como ampliar la reserva territorial para su construcción. Otro punto clave es el reconocimiento del derecho al arraigo vecinal, con el objetivo de evitar el desplazamiento de habitantes por el aumento de precios.
La reforma incluye además medidas contra la gentrificación y busca sentar las bases de la futura Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, la cual será presentada en una segunda etapa del proceso legislativo.
Registro digital y control de contratos: así operaría el nuevo modelo
Como parte de la estrategia, se plantea la creación de un registro digital obligatorio de contratos de arrendamiento. En este esquema, los propietarios deberán inscribirse en un padrón; en caso de no hacerlo, los inquilinos podrán realizar el registro para asegurar transparencia.
Asimismo, se contempla un mecanismo para evitar prácticas como la no renovación de contratos con el fin de elevar los precios con nuevos inquilinos. En estos casos, el valor del inmueble servirá como parámetro para determinar el monto de la renta, evitando incrementos desproporcionados.
10 mil viviendas nuevas
La propuesta retoma disposiciones ya existentes en el Código Civil y en el llamado “Bando 1”, elevándolas a rango constitucional para fortalecer su aplicación y obligatoriedad.
Finalmente, el gobierno capitalino anunció que en 2026 se construirán 10 mil viviendas nuevas y que la meta sexenal es alcanzar 80 mil, de las cuales al menos 20 mil estarán destinadas a renta asequible. Esta estrategia busca aumentar la oferta de vivienda como una medida clave para estabilizar los precios.
Actualmente, cerca de 2 millones de personas viven en renta en la Ciudad de México, con un crecimiento sostenido en la última década. Además, dos de cada tres jóvenes habitan viviendas rentadas, lo que refuerza la urgencia de regular el mercado y garantizar condiciones más equitativas.
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