Y quizá ahí está el punto central: la Coordinadora no está derrotada, pero sí está desgastada. Sigue teniendo capacidad de presión, pero ya no controla por completo el relato. Durante semanas apostó por elevar el costo político de su protesta: plantón, huelga, bloqueos, presión en casetas, movilizaciones y una narrativa clara: si no había respuesta, tampoco habría normalidad.
El momento no fue casual. Con México bajo la mirada internacional por el Mundial, la CNTE buscó demostrar que todavía puede incomodar al poder. Y lo logró parcialmente. Puso sus demandas en la conversación pública: pensiones, Ley del ISSSTE de 2007, condiciones laborales, salario, carrera magisterial y el rechazo a mecanismos que, según ellos, han precarizado la vida de miles de maestros. Eso no se puede minimizar.
Pero también cometió un error: confundió visibilidad con respaldo social. Una cosa es que la gente entienda que hay demandas legítimas. Otra muy distinta es que acompañe bloqueos, afectaciones y plantones que terminan golpeando más al ciudadano común que al funcionario que toma decisiones. Ahí la CNTE empezó a perder simpatía. No fuerza. No estructura. Pero sí parte del relato.
El gobierno, por su parte, entendió algo clave: no tenía que derrotar a la CNTE en la calle; tenía que disputarle la representación del magisterio. Por eso la estrategia de Claudia Sheinbaum cambió. Ya no parece interesada en sentarse una y otra vez con los mismos liderazgos. Ahora busca hablar directamente con maestras y maestros.
Esa jugada abre preguntas incómodas: ¿a qué parte de los maestros representa realmente la CNTE? ¿Habla por la mayoría del magisterio nacional o por los sectores más organizados, más combativos y más visibles? Y todavía más: ¿toda la CNTE está convencida de sostener la presión en las calles, los bloqueos y el plantón, o una parte de sus propias bases empieza a preguntarse si el costo político ya es demasiado alto?
La pregunta no es menor. La Sección 22 de Oaxaca decidió continuar la huelga en una votación cerrada: 6 mil 337 votos por seguir y 6 mil 162 por pausarla. Apenas 175 votos de diferencia. Eso no significa derrota. Significa división. Significa desgaste. Significa que incluso dentro del movimiento hay quienes empiezan a medir si la presión sigue sumando o si ya empieza a cobrarles demasiado.
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciónCuartoscuro.
Porque no basta con levantar la voz en nombre de los maestros. También hay que demostrar que esos maestros acompañan la estrategia, respaldan los métodos y están dispuestos a pagar el desgaste. Una demanda puede ser legítima. Pero los métodos también se juzgan.
La CNTE no se fue, pero tampoco avanzó. El gobierno no cedió, pero tampoco resolvió. Ambos están midiendo fuerzas, calculando costos y esperando que el otro cometa el siguiente error.
Pero aquí aparece una pregunta incómoda para Palacio Nacional: ¿las promesas de campaña se cumplen o solo sirven para ganar votos?
Porque durante la campaña, Claudia Sheinbaum sí habló de echar para atrás las reformas de pensiones de 1997 y 2007. Ese ofrecimiento no lo inventó la CNTE. Lo escuchó, lo guardó y hoy lo está cobrando políticamente.
Ahí está una de las contradicciones centrales del conflicto. Una cosa es prometer desde la plaza pública y otra muy distinta es gobernar con el presupuesto en la mano. La Presidenta tiene dos caminos: cumplir lo que ofreció o explicar con claridad por qué hoy considera inviable aquello que en campaña sonaba posible.
Porque si antes se decía que los gobiernos de otros colores no resolvían por falta de voluntad política, y ahora se dice que no se puede resolver por falta de recursos, entonces alguien tiene que explicar qué cambió. ¿Era mentira antes cuando se acusaba a los gobiernos anteriores de no querer hacerlo? ¿O fue irresponsable prometerlo sabiendo que las finanzas públicas no alcanzaban?
El gobierno ha puesto sobre la mesa un dato duro: revertir el modelo y construir un nuevo fondo solidario costaría más de 7 billones de pesos, alrededor de 20 puntos del PIB. Ese dato importa. Pero también importa la promesa.
Porque cuando una demanda social se convierte en arenga electoral, al llegar al poder se vuelve expediente, presupuesto, cálculo actuarial y costo político. Como dice la frase popular: no es lo mismo ser borracho que cantinero.
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La 4T llegó al poder diciendo que no sería como los de antes. Que no gobernaría con las mismas mañas, los mismos pretextos ni las mismas limitaciones. Pero cuando se revisa la operación, no el discurso, las diferencias empiezan a hacerse más pequeñas.
En pensiones, los gobiernos anteriores decían que regresar a los viejos esquemas era financieramente inviable. La 4T los acusó de neoliberales. Hoy, frente a la CNTE, responde prácticamente lo mismo: no alcanza el dinero.
En seguridad, antes se criticó la militarización. Hoy las Fuerzas Armadas siguen siendo columna vertebral de la seguridad pública.
En programas sociales, antes se llamaban Progresa, Oportunidades o Prospera. Hoy se llaman Bienestar. Cambió el nombre, creció el monto y se modificó la narrativa, pero la lógica de transferir recursos públicos directamente a millones de personas sigue siendo una herramienta central de gobierno.
En deuda, antes se hablaba de irresponsabilidad. Hoy también se recurre al déficit y al endeudamiento para sostener obras, programas y compromisos.
Y en corrupción, la promesa fue barrer de arriba hacia abajo. Pero la percepción sigue siendo mala y la impunidad sigue formando parte del paisaje.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿la 4T cambió la forma de gobernar o cambió la forma de explicar lo mismo?
Los anteriores justificaban sus decisiones con tecnocracia. La 4T las justifica con pueblo. Pero al final, cuando la caja no alcanza, cuando la calle presiona, cuando el sindicato exige y cuando la promesa se vuelve factura, todos terminan tocando la misma puerta: la del costo político.
Por eso el conflicto con la CNTE importa más allá del plantón. La CNTE no solo está cobrando una demanda. Está cobrando una promesa de campaña.
Y ese cobro le llega a Sheinbaum en un momento complejo: cuando intenta demostrar autoridad, orden y control político, pero también cuando su gobierno debe decidir si mantiene la épica de campaña o asume el costo de gobernar con límites.
Pero hay un punto que ni la CNTE ni el gobierno parecen querer poner al centro con suficiente fuerza: los niños.
Porque mientras unos hablan de derechos laborales y otros de viabilidad presupuestal, hay salones vacíos. Hay alumnos sin clases. Hay familias atrapadas en medio de una disputa que no decidieron.
Ahí está la verdadera derrota. No la de la CNTE. No la del gobierno. La derrota es de los niños que pierden días de clase en un sistema que, incluso cuando funciona, muchas veces ya les queda a deber.
De acuerdo con cifras reportadas de la SEP, el paro impacta a cerca de 1.39 millones de alumnos, más de 88 mil docentes y más de 17 mil escuelas públicas.
Ese debería ser el dato que más duela. Porque cuando un niño pierde clases, no pierde solo horas de aula. Pierde continuidad, hábitos, vínculo con su maestro y una parte de la poca estructura que el Estado todavía logra ofrecerle.
Y el daño no es parejo. En las comunidades más pobres, no siempre hay internet, libros, clases privadas o acompañamiento en casa para compensar lo perdido.
Cuando esos alumnos regresan, muchas veces no hay diagnóstico, no hay recuperación real, no hay plan público para medir lo perdido ni para reparar el daño. Se simula que el ciclo termina. Se entregan boletas. Se avanza al siguiente grado. Pero el aprendizaje queda atrás.
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Ese debería ser el centro de la discusión: cómo se recuperan las clases, cómo se mide el rezago, cómo se protege a los alumnos más vulnerables y quién asume la responsabilidad de que el conflicto no termine convertido en otra factura pagada por la infancia.
Porque si el derecho laboral de los maestros importa, también importa el derecho de los niños a aprender.
Y si el gobierno tiene la obligación de garantizar educación, la CNTE tiene la responsabilidad moral de no convertir a los alumnos en daño colateral permanente.
La CNTE no perdió. Se desgastó. No ganó. Se reacomodó. El gobierno no ganó. Ganó tiempo. Pero los niños sí perdieron. Perdieron clases, continuidad y certeza. Y eso debería pesar más que cualquier cálculo político, sindical o presupuestal.
Lo peor no necesariamente está por venir, pero puede venir si el gobierno confunde contención con victoria, si la CNTE confunde resistencia con permiso para romperlo todo y si la Presidenta no resuelve la contradicción entre lo que prometió como candidata y lo que hoy dice que no puede cumplir como gobernante.
Porque en política las promesas no desaparecen. Se guardan. Y cuando menos conviene, regresan a tocar la puerta.
Pero en educación, los días perdidos tampoco desaparecen. Se acumulan. Y casi siempre los pagan los mismos: los niños que menos margen tienen para perder.
Pero bueno… A mí nadie me lo preguntó.
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