Lo de Guadalupe Taddei tiene más de caída que de renuncia. A mi juicio, su autoridad moral se desplomó antes de que anunciara su salida.
El 25 de octubre anunció que presentaría su dimisión ante la Cámara de Diputados este lunes 26, después de una cadena de revelaciones sobre su cercanía con proveedores del Instituto Nacional Electoral. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación por posibles irregularidades en las contrataciones.
Las responsabilidades legales deben acreditarse. Pero la responsabilidad política no comienza cuando llega una sentencia. Quien encabeza al árbitro electoral debe explicar sus decisiones y sus relaciones sin pedirle a la ciudadanía un acto de fe.
Y aquí hay episodios concretos que exigen respuestas.
Reforma publicó imágenes y reportes sobre la cercanía de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras de materiales electorales. Entre las reuniones documentadas aparece el cumpleaños de la consejera presidenta, celebrado el 26 de junio de 2025, cuya organización fue atribuida al empresario.
Por separado, Latinus difundió un brindis relacionado con la adjudicación del contrato para producir credenciales de elector.
Agencia Reforma identificó entre los asistentes a funcionarios de Recursos Materiales y Recursos Financieros del INE, además de representantes empresariales. Según ese reporte, el contrato ascendía a 1,173 millones de pesos y fue obtenido por Cosmocolor, Talleres Gráficos de México e ICards Solutions.
Después, Carlos Loret de Mola presentó en Latinus un video en el que Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del INE, aparece brindando con Hernández Casillas en un hotel de lujo en París. Las imágenes muestran la convivencia; por sí solas no acreditan quién pagó el viaje o el hospedaje. Esa es justamente una de las preguntas pendientes.
¿Qué relación existe entre esos encuentros y las contrataciones? ¿Hubo beneficios personales? ¿Se identificaron y atendieron posibles conflictos de interés?
Preguntar no equivale a condenar. Pero ocupar un cargo público tampoco concede el derecho de dejar esas preguntas sin respuesta.
Además, los cuestionamientos no comenzaron ahora. En abril de 2026, Jesús Octavio García González dejó la Dirección Ejecutiva de Administración del INE después de críticas por un posible conflicto de interés, debido a sus antecedentes como representante de empresas proveedoras de materiales electorales.
Su salida no acredita por sí misma una irregularidad. Sí permite preguntar qué se revisó entonces, qué medidas se tomaron y por qué las dudas sobre la relación entre funcionarios y proveedores continuaron creciendo.
Porque los señalamientos también alcanzan a personas que trabajan o trabajaron dentro del INE. No estamos hablando únicamente de empresarios externos, sino de funcionarios vinculados con la administración y las contrataciones del propio instituto.
Por eso, considero que la salida de Taddei debe venir acompañada de la renuncia de los funcionarios directamente señalados que continúen en sus cargos. No basta con cambiar a quien encabeza la institución y dejar intacta la estructura cuestionada.
Quienes ya salieron también deben responder por sus decisiones. Una renuncia no cancela una investigación ni sustituye las sanciones que correspondan.
El problema tampoco es exclusivo de México.
En Carolina del Sur, Estados Unidos, una investigación sobre la compra de equipos electorales examinó en 2025 una diferencia de cuatro millones de dólares entre el monto aprobado y el autorizado para el pago. El caso estuvo acompañado de destituciones y una renuncia. Se trataba de irregularidades bajo investigación, no de una condena por corrupción.
En Filipinas, el vínculo entre proveedores y autoridades electorales llegó a un proceso penal en Estados Unidos. El Departamento de Justicia acusó al expresidente de la Comisión de Elecciones, Juan Andrés Donato Bautista, y a ejecutivos de un proveedor por un presunto esquema de sobornos superior a un millón de dólares, relacionado con contratos electorales. Es una acusación que debe probarse ante los tribunales.
Los casos tienen diferencias y no permiten anticipar conclusiones sobre Taddei. Pero muestran por qué las contrataciones electorales necesitan vigilancia: también ahí pueden cruzarse el dinero, las relaciones personales y el poder.
Por eso la discusión mexicana no puede terminar con una renuncia.
Lo más peligroso sería creer que la salida de Taddei garantiza la recuperación del INE. Puede irse una presidenta cuestionada y llegar alguien con menos independencia. Puede cambiar el rostro sin que cambien las prácticas.
Entre quienes podrían asumir provisionalmente están Carla Humphrey y los demás integrantes del Consejo General. Arturo Chávez López es uno de los nombres mencionados como posible relevo. Esa decisión debe distinguirse del nombramiento definitivo, que corresponde a la Cámara de Diputados, no al Senado.
También se ha planteado que, por paridad de género y por el antecedente de la elección de una mujer para encabezar al instituto en 2023, la sustitución debería recaer en otra mujer. Habrá que conocer cómo se resuelve ese criterio en el nuevo procedimiento; no corresponde darlo por definido.
Ricardo Monreal estimó que la selección del relevo definitivo podría tomar entre cuatro y cinco semanas, mediante una convocatoria y la evaluación de aspirantes. Esperemos que se concluya antes, pero que la urgencia no sirva para saltarse la revisión de antecedentes, capacidades, posibles conflictos de interés e independencia.
Se necesita encontrar a la persona mejor preparada para conducir al instituto, respetar su autonomía y recuperar la confianza. La rapidez será útil solamente si viene acompañada de una selección seria y transparente.
Chávez ha reconocido su afinidad histórica e ideológica con Claudia Sheinbaum y ha defendido que esa cercanía no compromete su imparcialidad.
Y aquí quiero ser claro: tener afinidad con la presidenta, con integrantes del Gobierno o con un proyecto político no descalifica a nadie para ejercer una responsabilidad pública. Todos podemos tener convicciones, una filosofía y una manera de entender al país.
Lo que importa es cómo actuamos. Uno puede pensar como quiera; al ejercer una autoridad electoral, tiene que decidir con responsabilidad, neutralidad e imparcialidad. Aplicar la misma regla para todos, aunque hacerlo incomode a los propios.
Esa cercanía exige mayor atención ciudadana, pero no autoriza una condena anticipada. Habrá que observar qué hacen, cómo votan, qué investigan y a quién sancionan. La independencia se demuestra en las decisiones.
Mi juicio sobre Taddei es distinto: considero que no actuó con la responsabilidad que exigía su cargo. Las relaciones documentadas con proveedores y las explicaciones insuficientes sobre esos vínculos deterioraron la confianza que estaba obligada a cuidar. Esa es mi valoración política.
La exigencia debe ser idéntica para Humphrey, Chávez o cualquier otra persona: capacidad, transparencia e independencia demostrable. Ningún apellido merece un cheque en blanco.
Pero entre los nombres de quienes podrían sustituirla hay una pregunta que no podemos perder: ¿qué va a pasar con los proveedores y los contratos señalados por posibles irregularidades?
La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación. Falta conocer su alcance y sus resultados. ¿Qué licitaciones serán revisadas? ¿Se harán públicos los expedientes y los hallazgos? ¿Quiénes evaluaron, autorizaron y supervisaron esas contrataciones?
Si se acreditan irregularidades, ¿existen causas legales para cancelar los contratos y realizar nuevos procedimientos? ¿Qué sanciones corresponderían a empresas y funcionarios? ¿Cómo se garantizará la continuidad de los servicios y la entrega de materiales?
Son preguntas urgentes porque el proceso electoral federal 2026–2027 ya comenzó el 10 de septiembre. La crisis ocurre con la organización de las elecciones en marcha.
Cancelar sin fundamento sería irresponsable. Mantener contratos irregulares, si se comprueba que lo son, también. Se necesitan investigaciones oportunas, decisiones sustentadas y explicaciones públicas.
La rendición de cuentas debe alcanzar a quienes autorizaron, a quienes contrataron y a quienes recibieron los recursos, según la responsabilidad que se acredite en cada caso. Si todo termina con una salida y un nuevo nombramiento, la respuesta habrá sido incompleta.
Defender al INE implica exigirles más a quienes lo dirigen. Su autonomía es una garantía para todos los ciudadanos, incluidos quienes hoy apoyan al Gobierno y mañana podrían necesitar que una autoridad independiente los proteja de él.
El relevo tendrá que demostrar independencia frente al Gobierno, frente a los partidos y también frente a los intereses económicos que hacen negocios con el instituto. Tiene que cuidar una institución cuyo prestigio costó décadas construir.
Durante años escuchamos que el INE no se toca.
Pues, a mi juicio, el INE ya se tocó. El INE ya se manchó nuevamente.
Ahora falta saber si van a limpiarlo a fondo o solamente van a cambiar a quien ocupa la oficina principal.
Pero a mí nadie me preguntó.
