Hay momentos en los que un país entero parece ponerse de acuerdo.
Durante varias semanas dejamos de hablar de seguridad, justicia, economía y política para discutir alineaciones, arbitrajes y goles. Nos preguntábamos: “¿Y si sí?”. Festejamos y gritamos gol; fuimos la mejor afición. Vimos doctores Simi, reporteros volando, lucha de conos, botargas de tiburones nadando en Reforma, felicidad, amor, coreanos pidiendo no volar y otros disfrutándolo. Nos enamoramos de un nuevo niño héroe y nos olvidamos, por unas semanas, de las diferencias y divisiones.
Y no está mal.
El fútbol también construye identidad. Nos une, nos emociona y, por unos días, nos hace olvidar las diferencias.
El problema nunca fue el Mundial.
El problema fue que, mientras nosotros mirábamos la cancha, el poder siguió jugando. Y, como casi siempre ocurre, el marcador más importante no apareció en ninguna pantalla.
Uno de esos partidos comenzó con el Fan ID.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la Federación Mexicana de Futbol con 42 millones 849 mil 95 pesos por irregularidades en el tratamiento de datos personales. La autoridad concluyó que no se acreditó correctamente el consentimiento expreso e informado para el uso de datos biométricos, considerados datos personales sensibles.
La resolución parece jurídicamente correcta.
Si los datos biométricos son información sensible, el consentimiento también debe serlo.
Pero la resolución también dejó una contradicción.
Mientras el Estado sanciona a un tercero por no obtener correctamente el consentimiento para tratar datos personales, ese mismo Estado pide a millones de mexicanos confiarle su información para registrar sus líneas telefónicas.
El registro comenzó este año y debía concluir el 30 de junio. Sin embargo, días antes del vencimiento se anunció un calendario extraordinario para las líneas de prepago que seguían pendientes.
Hasta entonces se habían registrado alrededor de 63 millones de líneas, mientras que en México existen 144 millones 585 mil 131 líneas móviles activas.
La diferencia impresiona.
Quedaban aproximadamente 81.6 millones de líneas sin registrar, es decir, poco más del 56% del total nacional.
Hay que hablar de líneas y no de personas, porque un mismo usuario puede tener más de un número. Pero el dato sigue siendo contundente.
Más de la mitad del universo de líneas seguía pendiente.
La pregunta ya no es únicamente cuántas faltaban.
La verdadera pregunta es por qué una política pública presentada como prioritaria para combatir delitos como la extorsión necesitó modificar su calendario apenas unos días antes de vencer.
Mientras discutíamos un fuera de lugar, el país seguía tomando decisiones sobre nuestra información personal.
Y no fue la única.
El Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de Somos México y Partido PAZ como nuevos partidos políticos nacionales.
La noticia pasó casi desapercibida.
Y dejó una pregunta sencilla.
¿México necesita más partidos políticos o necesita mejores partidos políticos?
Quizá el problema de nuestra democracia ya no sea la falta de opciones.
Quizá el verdadero problema sea seguir creyendo que cambiar de siglas equivale automáticamente a cambiar la forma de hacer política.
Mientras eso ocurría, otra discusión comenzó dentro de la Suprema Corte.
Durante el análisis de un asunto relacionado con recursos heredados de una cuenta de Afore, la ministra Lenia Batres cuestionó que las herencias y los legados permanezcan exentos de impuestos y defendió la tributación como una herramienta para redistribuir la riqueza.
No presentó una iniciativa para crear un impuesto a las herencias.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que su gobierno no contempla impulsar una medida de ese tipo.
Pero el debate dejó una pregunta mucho más interesante.
Cuando hablamos de redistribuir la riqueza, casi siempre comenzamos preguntando quién debe pagar más.
Rara vez preguntamos quién está gastando mejor.
El directorio oficial de la Suprema Corte registra 95 personas adscritas a la ponencia de la ministra Lenia Batres. Descontando a la propia ministra, hablamos de 94 colaboradores.
Para dimensionarlo, conforme a los criterios oficiales para clasificar empresas en México, una organización con ese número de trabajadores ya tiene dimensiones de empresa mediana en diversos sectores.
No significa que sea una empresa exitosa.
Significa que estamos hablando de una estructura organizacional considerable alrededor de una sola ministra.
La comparación también llama la atención.
En septiembre de 2017, la ponencia de Norma Piña tenía 57 colaboradores.
La de Arturo Zaldívar, 69.
En las fechas comparadas, la ponencia actual registra 37 colaboradores más que la de Norma Piña y 25 más que la de Arturo Zaldívar.
Nadie discute que una ministra necesite secretarios de estudio y cuenta, auxiliares y personal técnico.
La pregunta no es si necesita apoyo.
La pregunta es si necesita noventa y cuatro personas.
Y si la reforma judicial nació con la promesa de combatir privilegios, corrupción y excesos, ¿por qué no comenzó fijando criterios públicos sobre el tamaño de las ponencias?
¿Por qué no medimos productividad?
En cualquier empresa con una plantilla semejante existirían indicadores de desempeño.
Se medirían tiempos.
Resultados.
Costos.
Calidad.
¿Por qué una oficina pública debería estar exenta de esa evaluación?
¿Cuántos asuntos recibe cada ponencia?
¿Cuántos resuelve?
¿Cuánto tarda?
¿Cuál es el costo promedio por resolución?
Si una estructura de ese tamaño produce significativamente mejores resultados, la ciudadanía tiene derecho a conocerlos.
Pero si produce lo mismo que oficinas considerablemente más pequeñas, entonces la discusión deja de ser jurídica y se convierte en un asunto de eficiencia del gasto público.
La austeridad también se demuestra con resultados.
Y quizá el asunto más revelador no fue únicamente lo que ocurrió durante el Mundial.
También fue todo aquello de lo que dejamos de hablar.
Antes del torneo, la conversación pública estaba marcada por el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y posteriormente señalado por las autoridades como presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora.
Que existan señalamientos contra Bermúdez no implica, por sí mismo, responsabilidad penal de Adán Augusto López.
Pero sí mantiene abiertas preguntas políticas que siguen sin respuesta.
¿Cómo pudo operar un funcionario posteriormente acusado de esos vínculos en un cargo tan sensible?
¿Qué controles existían?
¿Qué información recibió el entonces gobernador?
¿Por qué ese debate perdió fuerza sin que esas preguntas fueran plenamente respondidas?
La responsabilidad política no siempre comienza con una sentencia.
También existe cuando un gobierno debe explicar cómo eligió, supervisó y sostuvo a quienes encabezaban instituciones clave.
Algo parecido ocurrió con el caso de Ismael El Mayo Zambada.
Su declaración de culpabilidad en Estados Unidos cerró la posibilidad de un juicio público que, durante meses o incluso años, habría podido revelar información sobre redes criminales, estructuras financieras y posibles relaciones con actores políticos.
No podemos afirmar qué habría salido a la luz.
Pero sí podemos preguntarnos quién gana cuando los grandes casos dejan de discutirse.
Y esa quizá sea la verdadera enseñanza.
No hace falta ocultar las noticias.
Basta con que la atención pública encuentre un tema más atractivo.
Mientras tanto, México también elevó el tono de su reclamo frente a Estados Unidos por la muerte de connacionales en hechos relacionados con operativos y custodia migratoria.
La defensa de los mexicanos en el exterior no debería depender del momento político ni del gobierno en turno.
Debería ser una política permanente de Estado.
Y cuando parecía que ya habíamos visto suficiente política durante el Mundial, apareció otro partido.
Uno que no se jugó en una cancha.
Se jugó dentro de Morena.
Gerardo Fernández Noroña manifestó su intención de volver a presidir la Mesa Directiva del Senado.
La verdadera incógnita no es si Noroña quiere volver.
La pregunta es si quienes hoy gobiernan con él también quieren que vuelva.
Porque el poder tiene una característica muy peculiar.
Cuesta mucho alcanzarlo.
Pero a muchos les cuesta todavía más dejarlo.
No creo que exista una conspiración para esconder noticias importantes durante un Mundial.
Los gobiernos no pueden detenerse porque ruede un balón.
El Congreso tampoco.
Pero el poder conoce perfectamente nuestros ciclos de atención.
Sabe cuándo estamos atentos.
Sabe cuándo estamos distraídos.
Y sabe cuándo una decisión importante tiene menos posibilidades de convertirse en tema de conversación.
El Mundial terminará.
Habrá un campeón. ojala sea el equipo Inglés que aún que nos dejó fuera del mundial se ha comportado como un auténtico caballero dentro y fuera de las canchas.
Los goles quedarán para la memoria.
Pero las decisiones tomadas durante estas semanas seguirán afectándonos mucho después del silbatazo final.
Nuestros datos personales seguirán almacenados.
Los nuevos partidos comenzarán a recibir recursos públicos.
La discusión sobre las herencias volverá.
La Suprema Corte seguirá definiendo el rumbo de la justicia.
Y los políticos continuarán disputándose el poder.
Quizá el verdadero problema nunca fue el fútbol.
El verdadero problema fue creer que, mientras veíamos el Mundial, el país también había hecho una pausa.
No fue así.
México siguió jugando.
Y el partido más importante se disputó lejos de los estadios.
Pero a mí nadie me preguntó.
Complejo Cultural Los PinosCuartoscuro