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El día que México dejó de distinguir entre el poder y el crimen

De la tinta de Juan Ortega.

Illustration of a man with books, laptop, and cityscape at sunset.

De la tinta de Juan Ortega.

IA

México ya no vive junto al narcotráfico. México aprendió a administrarlo. Y quizá esa sea la verdadera tragedia nacional.

No las balaceras, no los corridos, no los videos armados ni las camionetas blindadas circulando a plena luz del día. La tragedia real es que el país dejó de sorprenderse.


Hoy un gobernador aparece señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y la conversación pública apenas dura unos días. Un secretario de Seguridad termina declarado culpable y sentenciado en Estados Unidos por colaborar con narcotraficantes y la vida sigue. Un alcalde y policías municipales aparecen vinculados a la desaparición de estudiantes… y el país termina más ocupado peleando narrativas políticas que exigiendo verdad.

México ya no reacciona. México procesa. Como si todo esto fuera parte normal del paisaje.

Y quizá por eso resulta tan hipócrita escuchar a partidos políticos intentando deslindarse del monstruo como si hubiera nacido ayer. Como si Morena hubiera inventado la narcopolítica. Como si el PRI no hubiera convivido durante décadas con estructuras criminales regionales. Como si el PAN pudiera explicar cómodamente a Genaro García Luna. Como si el PRD pudiera borrar Ayotzinapa de la memoria colectiva.

La verdad incómoda es otra:

La relación entre poder y narcotráfico en México no comenzó en un solo sexenio. Probablemente comenzó el día en que distintas estructuras políticas entendieron que podían convivir con el crimen organizado mientras éste mantuviera dinero, control territorial y estabilidad política local.

El caso Camarena en 1985 ya dejaba ver grietas aterradoras.

El secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena no sólo exhibió el poder del Cártel de Guadalajara. También abrió sospechas internacionales sobre presunta protección institucional y complicidades dentro de cuerpos policiacos y estructuras gubernamentales mexicanas durante el viejo régimen priista.

Después vino uno de los golpes más devastadores para la credibilidad del Estado mexicano.

En 1997, el general Jesús Gutiérrez Rebollo —nombrado por Ernesto Zedillo como zar antidrogas— fue detenido y acusado de proteger a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. El hombre encargado de combatir al narcotráfico trabajaba presuntamente para uno de los narcotraficantes más poderosos del continente.

Y aun así el sistema sobrevivió

Porque en México los escándalos políticos rara vez destruyen estructuras. Sólo las obligan a mutar.

Luego llegó Vicente Fox en el año 2000 prometiendo transición democrática y “el cambio”. Pero los expedientes tampoco desaparecieron.

Durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, Jesús “El Vicentillo” Zambada declaró que el coronel Marco Antonio de León Adams, conocido como “El Chicle”, presuntamente entregaba información privilegiada al Cártel de Sinaloa. Según testimonios retomados por Proceso en 2019, el militar formaba parte del aparato de seguridad presidencial durante el sexenio de Fox y habría sostenido reuniones con “El Mayo” Zambada para advertir sobre operativos militares y movimientos para capturar a “El Chapo”.

El señalamiento no salió de redes sociales. Salió de una corte federal estadounidense.

Person in a puffy jacket and cap stands against a concrete wall. Joaquín Guzman Loera, "El Chapo". Cuartoscuro.

Después vino Felipe Calderón en 2006 y la llamada guerra contra el narcotráfico. Una guerra que militarizó el país, disparó los niveles de violencia y convirtió regiones enteras en territorios disputados entre criminales y fuerzas del Estado.

Municipios infiltrados. Policías capturadas. Autodefensas naciendo donde el gobierno dejó vacíos. Candidatos asesinados. Y miles de muertos convirtiéndose en estadística cotidiana.

Y en medio de esa guerra apareció Genaro García Luna.

El hombre más poderoso de la seguridad pública mexicana durante los gobiernos panistas fue declarado culpable en 2023 y sentenciado en 2024 en Nueva York por vínculos con el narcotráfico.

Felipe Calderón podrá insistir en que nunca supo

El problema es que García Luna no era un funcionario aislado. Era el rostro completo de la estrategia de seguridad mexicana.

Después llegó Enrique Peña Nieto. Y quizá Ayotzinapa fue el momento donde México dejó de ver la narcopolítica como rumor para empezar a verla como posibilidad aterradoramente cotidiana.

La desaparición de los 43 normalistas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 exhibió algo mucho más profundo que un crimen local: alcaldes presuntamente ligados al crimen organizado, policías municipales entregando estudiantes a Guerreros Unidos y un aparato institucional incapaz —o poco dispuesto— a decir toda la verdad.

José Luis Abarca, alcalde de Iguala emanado del PRD, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron señalados por sus presuntos vínculos con estructuras criminales en Guerrero.

Ayotzinapa destruyó una frontera psicológica: la idea de que el narco solamente corrompía policías aislados.

De pronto la sospecha alcanzaba alcaldías, gobiernos locales, corporaciones enteras y estructuras completas del Estado.

El problema dejó de ser descubrir corrupción. El problema empezó cuando ya nadie pudo medir cuánto del aparato público seguía limpio.

Después vino el caso del general Salvador Cienfuegos

En octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido en Los Ángeles por autoridades estadounidenses acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico. Semanas después fue liberado y devuelto a México en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Y entonces llegó Morena.

Llegaron los “abrazos, no balazos”. Pero también llegó el “Culiacanazo”.

El 17 de octubre de 2019, fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Horas después fue liberado tras la violenta reacción del Cártel de Sinaloa en la ciudad. Tiempo después, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que avaló la decisión para evitar una masacre y proteger vidas civiles.

Person in beige prison jumpsuit sitting on plane in handcuffs, map visible in background. Ovidio Guzmán López. Cuartoscuro.

La imagen fue devastadora

Un Estado mexicano retrocediendo públicamente frente al poder de fuego de un grupo criminal.

Para millones de mexicanos aquella escena se convirtió en símbolo de algo mucho más profundo: la percepción de que el crimen organizado ya no solamente reta al Estado… sino que puede obligarlo a negociar frente a las cámaras.

Y aun así sería demasiado cómodo culpar únicamente a un partido político.

Porque la violencia, la corrupción y la infiltración criminal no nacieron con López Obrador.

Lo que cambió fue el reflector. El nivel de exposición. La crudeza. La pérdida total del pudor político.

Hoy ya no hablamos solamente de policías municipales comprados o comandantes regionales corrompidos.

Hoy hablamos de gobernadores, generales, fiscales, secretarios de Seguridad, campañas electorales y estructuras completas bajo sospecha.

Y quizá lo más inquietante no es lo que ya sabemos. Es lo que todavía falta por saberse.

Porque si algo enseña la historia reciente de México es que cada sexenio termina revelando secretos del anterior. Lo que hoy parece rumor mañana termina convertido en expediente judicial, declaración ministerial o testimonio protegido en Nueva York.

Tal vez por eso México vive atrapado en una especie de cinismo nacional permanente.

Ya nadie pregunta si existieron vínculos entre política y crimen organizado. La verdadera pregunta es qué nivel del Estado todavía no ha sido exhibido.

Y ahí está la tragedia

No en descubrir que existe corrupción. Sino en descubrir que el país entero aprendió a convivir con ella como si fuera parte natural del paisaje.

Porque mientras México se desangraba entre cárteles, campañas políticas, militares bajo sospecha, dinero sucio y gobiernos infiltrados, siempre hubo un espectador incómodamente sentado en primera fila: Estados Unidos.

El principal consumidor de droga. El gran mercado. El país por donde circularon miles de millones de dólares. El mismo que durante décadas permitió el tráfico de armas hacia México mientras públicamente se decía sorprendido por la violencia.

Durante años jugaron a combatir un monstruo que también les resultaba funcional.

Y ahora actúan como si el incendio hubiera aparecido solo. Como si nadie hubiera alimentado las llamas durante cuarenta años.

Pero a mí nadie me lo preguntó…

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