La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó este jueves 5 de noviembre de 2026 el caso de presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral, pues afirmó que la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas continúan en el país, de acuerdo con los reportes institucionales disponibles.
Durante la conferencia matutina efectuada en Palacio Nacional, la mandataria aclaró que ni el Gabinete de Seguridad ni el comisionado del Instituto Nacional de Migración han notificado una salida del territorio, por lo que las autoridades federales presumen que los señalados permanecen ubicables en territorio nacional.
La indagatoria tomó fuerza luego de revelarse una serie de contratos millonarios asignados a los empresarios José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, esquema que provocó la dimisión de Taddei a la presidencia del órgano electoral a finales de octubre de 2026.
¿Qué avances registran la UIF y el SAT sobre las cuentas bancarias intervenidas?
Frente a los cuestionamientos de la prensa, la titular del Ejecutivo federal detalló que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Servicio de Administración Tributaria mantienen bajo revisión técnica diversas transferencias financieras y cuentas bloqueadas por presuntos ingresos de procedencia ilícita.
Las investigaciones encabezadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno analizan presuntas operaciones de lavado de dinero derivadas del cobro de contratos oficiales, recursos que posteriormente habrían sido dispersados entre múltiples cuentas bancarias privadas de manera irregular para dificultar su rastreo en el sistema formal.
La presidenta explicó que la UIF tiene la instrucción precisa de integrar los expedientes correspondientes y presentar una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República en caso de corroborar evidencias contundentes sobre anomalías en las contrataciones de los involucrados.
¿Existen nexos entre los contratistas señalados y grupos de la delincuencia organizada?
La jefa de Estado descartó que los hermanos Hernández Casillas mantengan vínculos con grupos del narcotráfico o células criminales, aclarando que las acusaciones actuales corresponden a delitos financieros generados por el manejo indebido de recursos públicos y no a delincuencia organizada.
El esquema bajo escrutinio ministerial se centra en el desvío administrativo de asignaciones contractuales que terminaron trianguladas hacia depósitos particulares, por lo que el gobierno federal reiteró que no se debe confundir la evasión hacendaria o el blanqueo presupuestal con operaciones delictivas armadas.
Pese al impacto mediático de la dimisión de la expresidenta del organismo electoral, las autoridades ministeriales no han solicitado hasta el momento órdenes de aprehensión en contra de los implicados, permitiendo que las revisiones fiscales continúen su curso administrativo regular.
El gabinete federal mantendrá la vigilancia sobre el caso mientras las dependencias de inteligencia entregan sus conclusiones definitivas a las autoridades de procuración de justicia.
Las instituciones fiscalizadoras del Estado mexicano continuarán cotejando la información patrimonial aportada por el sistema financiero, con el propósito de transparentar el uso de los fondos públicos asignados en ejercicios pasados y remitir las carpetas concluidas ante el Ministerio Público Federal para deslindar responsabilidades legales conforme a los procedimientos jurídicos vigentes.
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