Un terremoto político e institucional sacudió a Sudamérica este jueves 5 de noviembre de 2026, luego de que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia irrevocable al cargo, acorralado por el colapso de Ueno Bank y la apertura formal de un juicio político en el Congreso Nacional.
La dimisión fue anunciada por el propio mandatario mediante un video difundido en redes sociales, donde pidió disculpas al pueblo paraguayo y argumentó que su separación del poder busca preservar la paz social, garantizar la estabilidad republicana y priorizar la tranquilidad de los ahorradores del sistema financiero.
El cierre intempestivo de la sexta entidad financiera más grande del país congeló los fondos de casi 3 millones de clientes, cifra equivalente al 60 por ciento de la población adulta, desatando masivas protestas en las calles y quebrando la gobernabilidad de la administración pública.
¿Qué irregularidades financieras y desvíos de fondos públicos provocaron la intervención del banco?
La debacle comenzó a gestarse desde septiembre por anomalías en créditos otorgados a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, accionista mayoritario de la firma, lo que llevó a la autoridad monetaria a intervenir la entidad tras detectar severas deficiencias de solvencia patrimonial.
Durante su mandato iniciado en agosto de 2023, la administración canalizó cuantiosos depósitos estatales hacia el banco privado, sumando cerca de 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social, organismo que administra los fondos de jubilación y pensiones de los trabajadores del país.
El gobernante mantuvo nexos empresariales como inversionista de la sociedad controladora hasta marzo de 2025, periodo durante el cual las colocaciones públicas en dicha entidad alcanzaron 5 billones de guaraníes, representando el 29 por ciento de la totalidad de sus captaciones bancarias.
¿Cómo avanza el juicio político en el Congreso y qué sucederá con la presidencia de Paraguay?
Antes del anuncio presidencial, la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para discutir el libelo acusatorio firmado por 35 legisladores opositores y disidentes oficialistas, con el objetivo de activar el mecanismo constitucional previsto en el artículo 225.
La moción parlamentaria acusaba formalmente al mandatario por un presunto mal desempeño sistemático en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, obligando ahora a los legisladores a sesionar para determinar si aceptan o rechazan la renuncia entregada por el Poder Ejecutivo.
En un intento por contener el pánico bancario previo a su renuncia, el mandatario nombró al economista Raúl Vera Bogado al frente de la banca central tras la salida de Carlos Carvallo, enviando además al Senado las designaciones de Pedro Acosta y Edsel González.
El desenlace de la crisis bancaria redefine el escenario electoral del gobernante Partido Colorado rumbo a los comicios internos en Paraguay, mientras los tribunales de justicia mantienen abiertas las investigaciones para sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas en los balances intervenidos.
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