Nadie me lo preguntó, pero… cuando cae un capo, ¿quién paga la factura?

Esta columna iba a ir por otro lado.

Iba a hablar de políticos que se sienten dueños del cargo, no responsables del encargo. De cómo se atrincheran en oficinas, se ofenden si se les cuestiona y confunden poder con propiedad. De funcionarios que no quieren soltar la silla y de otros que sueñan con heredar el puesto a la esposa o al hijo, como si el Estado fuera un rancho.

Pero lo que pasó ayer me obligó a mover el eje.

Porque cuando cae —abatido— uno de los narcotraficantes más poderosos de las últimas décadas, no estamos hablando sólo de política pública. Estamos hablando de miedo, de territorio y de sociedad.

Ayer, un operativo de alto nivel terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El golpe fue inmediato. Y la reacción también: narcobloqueos, quema de vehículos, ataques a comercios, suspensión de clases y llamados oficiales a no salir.

Ahí aparece la primera grieta del discurso.

—¿Esto es ir ganando?
—¿O “vamos ganando” es solo una frase para conferencia?

Porque hay algo que no cuadra. Se habla de éxito, pero se activa el encierro. Se presume control, pero se pide a la gente que se resguarde. Si el Estado ganó, ¿por qué la vida cotidiana pierde?

Un poco de historia (porque ya lo vivimos)

No es la primera vez.

En 2009, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, Morelos y Guerrero entraron en una espiral de violencia que duró años.
En 2015, con la captura de “La Tuta”, Michoacán no se pacificó: se fragmentó.
En 2016 y 2017, con la captura y extradición de “El Chapo”, el discurso fue de cierre de ciclo. En 2019, Culiacán ardió en tiempo real y el Estado tuvo que retroceder.

La constante es clara: en México, la caída de un capo rara vez desmantela una estructura; la fragmenta. Y la fragmentación suele ser más caótica, más impredecible y más violenta.

¿Quién era “El Mencho”?

No era un capo tradicional.
No era solo un traficante.

Construyó una organización con lógica casi empresarial: expansión nacional e internacional, control territorial, capacidad financiera, armamento de alto nivel y una violencia diseñada no solo para eliminar rivales, sino para mandar mensajes.

Por eso el CJNG fue considerado durante años el cártel más fuerte del país y uno de los más peligrosos del mundo. No por el folklore. Por estructura, disciplina y brutalidad.

Lo que vimos después no es sorpresa. Es manual.

Aquí regreso a mi tema original: el poder.

Porque el poder —político o criminal— cuando se acostumbra, deja de servir y empieza a exigir. Uno espera votos, silencio o aplauso. El otro impone miedo. Ambos reaccionan mal cuando la gente deja de creerles.

El Estado anuncia el golpe.
El crimen responde quemando calles.
Y la sociedad queda atrapada entre el comunicado oficial y el tráiler incendiado.

Desde la psicología social, esto tiene nombre: disonancia. Te dicen “vamos ganando”, pero tu experiencia corporal recibe otra señal: encierro, alerta, cancelaciones. Cuando el discurso y la realidad no coinciden, lo que se instala no es tranquilidad: es desconfianza.

Y hay algo más incómodo todavía.

Cada gran golpe al crimen organizado es también una oportunidad política. Fotos, discursos, narrativa de control. Pero casi nunca se habla del día después. Del costo social. Del miedo que queda. De quién asume la responsabilidad cuando una ciudad se paraliza.

En mi experiencia cubriendo capturas históricas, siempre pasa lo mismo: miramos la mano derecha —la detención, el abatimiento, la imagen—, mientras la mano izquierda mueve piezas en silencio. Quién queda, quién sube, quién se divide, quién se radicaliza. Eso no se anuncia el mismo día. Eso se revela cuando baja la espuma.

Nadie me lo preguntó, pero reconocer a quienes ejecutaron el operativo no es suficiente: hay que cuidarlos, porque la respuesta criminal no se toma vacaciones.

Y tampoco basta con decir que “se ganó” cuando la sociedad se esconde.

Porque si para celebrar una victoria hay que cerrar negocios, cancelar clases y quedarse en casa, entonces algo no está alineado.

Y de todo esto hay algo más que todavía no estamos discutiendo lo suficiente:
la posibilidad —cada vez más mencionada por periodistas y analistas— de que este operativo haya contado con aval, presión, recomendación o apoyo del gobierno de Estados Unidos.

No sería la primera vez. Inteligencia compartida, listas prioritarias, tiempos que no siempre decide México.

Y el contexto importa.

Porque si Donald Trump golpeado por la Suprema Corte en el tema de los aranceles— necesita lavar la cara, mostrar fuerza y vender control fronterizo, un “gran golpe” en México le funciona perfecto para el discurso. Para la narrativa. Para el aplauso interno.

El problema es que cuando las agendas se cruzan, los costos no se pagan en Washington. Se pagan aquí.

Si este operativo respondió también a una lógica externa, entonces la pregunta es todavía más incómoda:
¿quién decidió el momento?, ¿quién midió el impacto?, ¿quién va a hacerse responsable si el reacomodo criminal trae más violencia?

Porque cuando el poder se usa como mensaje político —interno o externo—, la factura nunca llega a las oficinas donde se toman las decisiones. Llega a las calles.

Nadie me lo preguntó, pero al tiempo sabremos qué pasó realmente.
Cuando baje la cresta de la ola.
Cuando se aclaren los silencios.
Cuando sepamos si fue una decisión soberana… o una jugada prestada.

O tal vez no lo sabremos nunca.

hasta la próxima.