Claudia Sheinbaum llega a su segundo informe con una paradoja: tiene más poder que cuando asumió la Presidencia, pero también carga problemas que no fueron creados por ella.
En estos dos años ha demostrado que no es una figura decorativa ni una simple extensión de Andrés Manuel López Obrador. Ha construido una forma propia de gobernar: menos estridente, más técnica, prudente frente a Donald Trump y con mayor disposición para utilizar inteligencia, investigación y coordinación institucional en materia de seguridad.
Los resultados positivos existen y sería intelectualmente deshonesto negarlos.
El Gobierno reporta una reducción cercana al 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026. La cifra necesita análisis y contraste, pero representa un avance que no puede reducirse automáticamente a propaganda.
También hay estabilidad económica. La inflación anual se colocó en 3.12 por ciento en julio; el país superó los 60 millones de personas ocupadas; el peso conserva fortaleza y la inversión extranjera ha mostrado resistencia frente a la incertidumbre internacional. Banxico incluso elevó de 1.1 a 1.5 por ciento su pronóstico de crecimiento para 2026.
Sheinbaum ha sostenido los programas sociales, ampliado becas y pensiones y colocado sobre la mesa proyectos de infraestructura, vivienda, agua, trenes y desarrollo industrial. También ha manejado la relación con Estados Unidos sin entregarse a las exigencias de Washington, pero evitando una confrontación que México difícilmente podría pagar.
Ése es uno de los Méxicos del informe: el de los indicadores favorables, las transferencias sociales, la estabilidad financiera y una presidenta que empieza a ejercer el poder con mayor autonomía.
Pero existe otro México
Es el país donde una inflación controlada no significa necesariamente una vida barata. Mientras el índice general disminuye, los alimentos, las colegiaturas, la vivienda y diversos servicios continúan aumentando por encima del promedio. La macroeconomía puede estar estable y, al mismo tiempo, la economía familiar seguir viviendo al límite.
Es también el México donde bajan los homicidios, pero persisten las desapariciones, la extorsión, el cobro de piso, el desplazamiento y el dominio criminal sobre comunidades enteras. Una gráfica puede medir cuántas personas fueron asesinadas; difícilmente puede registrar cuántas viven sometidas por el miedo.
La pacificación no consiste únicamente en reducir cadáveres. Consiste en recuperar territorios, castigar responsables y permitir que una familia abra un negocio, transite por una carretera o busque a un desaparecido sin enfrentarse a la indiferencia del Estado.
Sin embargo, el principal lastre de Sheinbaum no se encuentra exclusivamente en las estadísticas. Está dentro de su propio movimiento.
La presidenta heredó la fuerza electoral de López Obrador, pero también sus compromisos, silencios y contradicciones. La continuidad de la Cuarta Transformación le entregó legitimidad, estructura territorial y una mayoría política formidable. A cambio, le impuso la responsabilidad de proteger o administrar personajes que no necesariamente forman parte de su proyecto, pero sí del círculo construido por su antecesor.
Rubén Rocha Moya se convirtió en el ejemplo más evidente. Su intento de regresar al gobierno de Sinaloa duró apenas 33 horas antes de que la presión presidencial y partidista lo obligara a solicitar nuevamente licencia. La reacción de Sheinbaum mostró autoridad, pero también reveló hasta dónde habían llegado las tolerancias dentro del movimiento.
Enrique Inzunza regresó al Senado después de 124 días de ausencia, pese a las investigaciones y a los llamados para que se separara del cargo y enfrentara el proceso sin la protección política del escaño.
A ellos se suman dirigentes, gobernadores, legisladores y antiguos colaboradores de López Obrador que actúan como si el triunfo electoral hubiera otorgado al movimiento una licencia permanente de impunidad.
Y después está la familia
Andrés Manuel López Beltrán decidió abandonar la dirección de Morena para buscar una diputación en 2027. Su aspiración puede ser legal, pero políticamente contradice el discurso contra el nepotismo y las herencias familiares. No basta afirmar que “nada está heredado” cuando se lleva el apellido que da identidad, estructura y poder al partido gobernante.
La cancelación de su visa estadounidense tampoco acredita por sí misma un delito. Estados Unidos no presentó públicamente las razones y México no debe aceptar condenas administrativas extranjeras como sustituto de sus propias instituciones.
Pero la respuesta presidencial fue cerrar filas antes de exigir claridad completa. Al hacerlo, Sheinbaum transformó un problema personal del hijo del expresidente en un asunto de Estado y asumió un costo político que originalmente no le correspondía.
Ésa es la carga más pesada de continuar con la 4T: defender sus conquistas sociales sin convertirse en defensora automática de todos sus integrantes.
La presidenta no puede combatir la corrupción únicamente cuando afecta a sus adversarios. Tampoco puede pedir pruebas contra los cercanos mientras utiliza la sospecha como sentencia contra los opositores. La justicia selectiva termina siendo otra forma de injusticia.
Después de dos años, Sheinbaum ya no necesita demostrar que puede gobernar. Necesita demostrar que puede corregir.
Debe conservar lo que funciona: los programas sociales, el aumento de los ingresos, la inversión en infraestructura, la disciplina económica y una estrategia de seguridad que comienza a mostrar resultados. Pero también necesita romper con la idea de que la lealtad al movimiento está por encima de la responsabilidad pública.
No se trata de traicionar a López Obrador. Se trata de entender que gobernar un país exige lealtades más amplias que las de una familia, un partido o un grupo político.
El verdadero segundo piso de la transformación no puede construirse sobre los mismos privilegios que prometió derribar. Si la presidenta protege a los hijos, amigos y aliados del expresidente por razones políticas, terminará cargando expedientes que no son suyos y pagando cuentas que ella no abrió.
México no necesita que Sheinbaum reniegue de su origen. Necesita que trascienda sus ataduras. Existe un dato que permite dimensionar el momento político. Claudia Sheinbaum llega a su segundo informe con una aprobación de entre 67 y 68.4 por ciento, según las mediciones recientes de El Financiero y FactoMétrica.
Las encuestas históricas no utilizaron exactamente la misma metodología, por lo que la comparación debe entenderse como una referencia de tendencia y no como una medición perfectamente homogénea.
Ernesto Zedillo promedió alrededor de 42 por ciento de aprobación durante su segundo año, todavía afectado por la crisis económica de 1995. Vicente Fox llegó a su segundo informe con aproximadamente 59-61 por ciento. Felipe Calderón registró 62 por ciento; Enrique Peña Nieto rondaba 47 por ciento, y Andrés Manuel López Obrador se encontraba entre 53 y 56 por ciento.
La conclusión es clara: Sheinbaum llega al cierre de su segundo año mejor evaluada que los cinco presidentes anteriores en un momento comparable. Está aproximadamente seis puntos arriba de Calderón, entre siete y nueve arriba de Fox, más de doce arriba de López Obrador, alrededor de veinte arriba de Peña Nieto y más de veinticinco por encima de Zedillo.
No es un dato menor
La presidenta conserva un respaldo social extraordinario pese a la inseguridad, el bajo crecimiento y los escándalos que rodean a integrantes de Morena. Pero la popularidad no cancela los problemas ni sustituye los resultados. También puede convertirse en una zona de comodidad que permita postergar decisiones difíciles.
El balance de estos dos años no es el de un Gobierno fracasado ni el de una transformación consumada. Es el de una presidenta con resultados importantes, oportunidades reales y una enorme hipoteca política.
El primer México del informe demuestra que algunas cosas están mejorando. El segundo recuerda que el poder todavía protege demasiado a los suyos.
Sheinbaum está arriba en las encuestas, pero aún debe decidir qué hará con ese respaldo: utilizarlo para defender la herencia completa de la 4T o para corregir aquello que amenaza con desacreditarla.
Gobernar con casi 70 por ciento de aprobación representa una fortaleza. Desperdiciarla pagando las cuentas políticas de una familia, sus amigos y sus aliados sería uno de los mayores descalabros del sexenio.
