La soberanía de discurso

La presidenta insiste. Todos los días. “Que manden pruebas”. “Que presenten evidencias”. “Que no se puede señalar sin sustento”. Y en el discurso oficial pareciera que todo es exageración, especulación o un ataque político más contra Morena y su gobierno.

Pero mientras eso ocurre desde Palacio Nacional, en la banqueta de enfrente empiezan a pasar cosas raras. Muy raras.

Porque algunos de los personajes señalados o bajo versiones públicas de investigación ya ni siquiera parecen esconderse. Algunos incluso han terminado enfrentando procesos, acercamientos o colaboración con autoridades estadounidenses.

Y ahí es donde la narrativa empieza a romperse sola.

Porque una cosa es defender políticamente a un gobernador mientras se desarrollan investigaciones… y otra muy distinta es observar cómo personajes cercanos al entorno político parecen entender que el verdadero riesgo ya no está solamente en México, sino del otro lado de la frontera.

Eso inevitablemente genera una pregunta incómoda: ¿de verdad todo está tan limpio como nos dicen?

Y en medio de todo esto aparecen personajes como Gerardo Fernández Noroña que, en una de sus ya conocidas “videocharlas”, mostró molestia porque las autoridades mexicanas “no vigilaron” a algunos de los funcionarios señalados, permitiendo que terminaran compareciendo ante autoridades estadounidenses.

Y sinceramente eso abre otra conversación todavía más delicada.

Porque cuando un funcionario mexicano parece sentirse más vulnerable frente a las instituciones de su propio país que frente a cortes extranjeras… algo no está bien.

Eso sí es grave.

Porque entonces ya no estamos hablando solamente de narrativa política. Estamos hablando de confianza institucional.

Y claro que se vuelve peligroso. La pregunta es: ¿peligroso para México… o peligroso para el discurso político de “no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo”?

Porque una cosa es construir una narrativa moral desde el poder… y otra muy distinta sostenerla cuando empiezan las investigaciones, las filtraciones y los personajes cercanos al sistema comienzan a desfilar rumbo a investigaciones internacionales.

Y quizá ahí está el verdadero temor. No solamente lo que puedan declarar. Sino todo lo que podrían confirmar.

Durante años nos dijeron que la soberanía era intocable. Que aquí no mandaban intereses extranjeros. Que México no se subordinaba a nadie. Que las decisiones nacionales se tomaban en Palacio Nacional y no en Washington.

Pero la memoria política de este país es incómoda.

Porque cuando Estados Unidos acusó y procesó a Genaro García Luna, muchos actores políticos que hoy gobiernan aplaudieron las investigaciones estadounidenses, las declaraciones de testigos protegidos y el actuar de las cortes norteamericanas.

En aquel momento no se hablaba tanto de soberanía. Se hablaba de justicia.

Y no solo ocurrió con García Luna.

Ahí están los casos históricos: Mario Villanueva, exgobernador priista de Quintana Roo; Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas; Javier Duarte, exgobernador priista de Veracruz; y Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit durante un gobierno PAN-PRD. Todos terminaron convertidos en símbolos de esa vieja conversación entre poder político, corrupción y crimen.

No. La relación entre política y crimen organizado no es nueva. México lleva décadas conviviendo con ella.

Y quizá justamente por eso lo verdaderamente sorprendente no es descubrir que existan funcionarios o autoridades señaladas por posibles vínculos criminales.

Lo verdaderamente sorprendente es que hoy la conversación pública parezca concentrarse más en la “soberanía nacional” que en el daño brutal que estos pactos le han hecho al pueblo mexicano durante años.

Porque mientras la clase política debate si Washington interviene demasiado… hay regiones completas del país donde la gente vive aterrada.

Donde extorsionan negocios. Donde desaparecen jóvenes. Donde asesinan candidatos. Donde el crimen decide horarios, rutas y silencios.

Pero pareciera que eso ya dejó de escandalizar.

Lo que escandaliza ahora… es quién filtra la información.

Y además existe otro elemento todavía más incómodo: la doble vara política.

Cuando los señalados eran adversarios, bastaban filtraciones, testimonios y acusaciones mediáticas para construir culpabilidades inmediatas.

Hoy, cuando las sospechas rozan al oficialismo, el estándar parece mucho más alto: ahora se pide cautela, prudencia, debido proceso y pruebas absolutas antes de emitir cualquier juicio político.

Curioso cómo cambia la velocidad moral dependiendo del partido.

Y como cereza en el pastel apareció también el caso de Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua. Morena anunció que promovería un juicio político en su contra por la polémica de presunta participación de agentes estadounidenses en operativos en Chihuahua, mientras el PAN empujaba el caso de Rocha Moya desde la otra banqueta política.

Después vino la movilización en Chihuahua. Morena salió a la calle bajo la bandera de la defensa de la soberanía, con Ariadna Montiel y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán al frente, para exigir la renuncia de Maru Campos. La protesta reunió a cientos de simpatizantes, aunque se esperaba una convocatoria mayor.

Y ahí la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve política: ¿estamos viendo una defensa real de la soberanía… o los primeros movimientos de lo que veremos rumbo a las próximas campañas?

Porque esto ya no parece solamente seguridad, justicia o legalidad. Empieza a parecer una guerra de narrativas.

Rocha contra Maru. Sinaloa contra Chihuahua. Soberanía contra expedientes. Morena contra PAN. Y en medio, otra vez, la gente.

Como si todos estuvieran ya en campaña… aunque oficialmente todavía no lo admitan.

Y mientras todo esto ocurre, el desgaste ya no solamente es interno. También empieza a sentirse afuera.

México enfrenta presión internacional por seguridad, fentanilo, migración, crimen organizado, comercio y estabilidad regional. Washington no solamente observa el tema político mexicano: también mide impacto económico, seguridad fronteriza y gobernabilidad.

Por eso el silencio de Estados Unidos muchas veces pesa más que cualquier declaración pública.

Porque cuando Estados Unidos realmente quiere mandar un mensaje político, rara vez lo hace gritando. Lo hace filtrando. Investigando. Congelando. Observando. Esperando.

Y México lo sabe.

Por eso hoy el gobierno vive atrapado en una contradicción compleja: defender la soberanía… mientras intenta evitar que la relación bilateral explote.

Porque una cosa es el discurso para las cámaras. Y otra muy distinta la conversación privada entre gobiernos.

Y quizá, mientras unos se desgastan y otros celebran políticamente desde la oposición, los únicos que siguen perdiendo son los mismos de siempre.

Tal vez esta división termine fortaleciendo a los adversarios políticos del oficialismo. No sabemos si son mejores. Tampoco si en realidad serían peores. La memoria política de este país tampoco ayuda mucho a idealizar a nadie.

Pero de algo sí estoy seguro: en cualquiera de las dos banquetas, los que siempre terminan perdiendo son los mexicanos de a pie.

Los que se levantan todos los días a trabajar. Los que hacen horas en el transporte público. Los que viven con miedo. Los que pagan impuestos. Los que cargan con la inflación. Los que intentan llevar sustento a casa mientras la clase política se pelea el poder como si el país fuera botín.

Porque mientras ellos discuten soberanía, narrativa y control político… millones de mexicanos siguen sin poder caminar tranquilos por su propia colonia.

Esos mexicanos por los que todos dicen luchar en campaña… pero que curiosamente siempre terminan olvidando cuando llegan al poder.

Y quizá eso es lo verdaderamente grave.

No quién cae. No quién se salva. No quién pide licencia.

Sino que millones de personas empiezan a sentir que en México la justicia cambia dependiendo del partido… y la soberanía también.

Pero a mí nadie me lo preguntó.